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ejecución si (art. 28 R D-L) los documentos revelaran un acuerdo cuyo contenido fuera contrario a Derecho-
si que permitía plantear ante el juez todos los aspectos de falta de validez y eficacia del acuerdo, porque
elementos de hecho, que hasta este momento no habían aflorado, podían ser alegados y acreditados por el
ejecutado. A la hora de resolver sobre esta oposición, el juez no podría eludir el parámetro de enjuiciamiento
del “acuerdo no conforme a Derecho”, sino que podría aplicarlo a todos los elementos fácticos relevantes
para llegar a tal valoración del acuerdo.
Creo que ahora se entenderá el calificativo algo escandaloso que he aplicado a esta configuración del
título ejecutivo: un aborto de título ejecutivo o un título fallido desde su origen. Su propia configuración
legal –determinante de la decisiva característica de la tipicidad de los títulos-, al incluir la exigencia de que
el acuerdo fuera conforme a Derecho –pocas expresiones más omnicomprensiva que ésta para aludir a todo
lo que puede ser examinado en un proceso de declaración- encerraba en si misma el germen autodestructivo
del título de ejecución.

b) El título ejecutivo-acuerdo de mediación en la Ley 5/2012: sobre las falsas o indebidas expectativas
que puede generar la omisión de la norma restrictiva de la eficacia ejecutiva
Como ya anticipé, el “dinamitador” art. 28 del R D-L 5/2012 ya no aparece en la Ley 5/2012, al haber sido
razonablemente eliminado del proyecto de ley que fue tramitado a partir del texto del R D-L 5/2012.
Resulta, sin embargo, extraordinariamente llamativa la justificación de la enmienda que dio lugar a la
supresión de ese artículo en el trámite parlamentario. Decía así:
“El artículo 28 procede del proyecto de ley caducado en la anterior legislatura y tenía su sentido cuando
se reconocía el carácter de título ejecutivo al acuerdo de mediación sin necesidad de elevación a escritura
pública. Con el texto aprobado por el Real Decreto-ley 5/2012, de 5 de marzo, en el que se exige la elevación
a escritura pública del acuerdo de mediación, momento en que ya se produce un control de legalidad de
dicho acuerdo, esta previsión carece de sentido”.
El significado de esta justificación es, sin duda, que la intervención del notario en la elevación a escritura
pública del acuerdo de mediación, que ha sido alcanzado de forma privada, garantiza, en principio, que el
contenido de ese acuerdo es conforme a Derecho –lo que el notario debe examinar para autorizar la escritura
pública (art. 25.2 Ley 5/2012)-, de modo que ese control puede ser eliminado, sin riesgo, en el momento de
resolver sobre la emisión del despacho de ejecución.
Estoy de acuerdo en que ese control preventivo de la legalidad del acuerdo de mediación realizado por
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el notario justifica la eliminación de que la conformidad a Derecho aparezca como requisito expresamente
integrante de la tipicidad del título ejecutivo.
No obstante, me parece conveniente precaver frente a ciertas expectativas que pudieran entenderse de-
rivadas de la justificación antes reproducida.
En primer lugar, aunque el art. 28 R D-L 5/2012 haya sido suprimido, subsiste –entre otras razones,
porque no dependía de ese precepto- la duda acerca de si el examen del juez, al decidir sobre el despacho de
ejecución, puede extenderse hasta apreciar, siempre sobre la única y sola base del documento o documentos
aportados por el ejecutante y de sus alegaciones, si el acto o el negocio jurídico están afectados por una causa
de inexistencia o de nulidad en sentido estricto -lo que impondría su consideración de oficio-. La garantía que
ofrece la autorización notarial tiene, en todo caso, una eficacia interina que, previsiblemente, será respetada
en el examen judicial que se realiza en el proceso de ejecución, pero que, por principio, no puede imponerse
como vinculante respecto de ese examen, sino que, por el contrario, se halla sometida al mismo y a una
valoración eventualmente diferente. 9
En segundo lugar –y de modo aún más seguro que lo anterior- que ese examen de la conformidad a Dere-
cho del contenido del acuerdo de mediación no pueda realizarse en sede de ejecución –ni al resolver sobre el
despacho, ni mediante la oposición incidental a la ejecución- no significa que no pueda ser pretendido, y deba
ser juzgado, en un proceso declarativo separado del de ejecución, en la medida que el art. 564 LEC recuerda
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que es admisible. Es obvio, de entrada y en términos generales, que la potestad de apreciación última y
8 Refiero mi afirmación a un notario con un estatuto y con una preparación jurídica como los del notariado español.
9 Sobre esta materia, aunque en relación con la apreciación notarial de otras cuestiones, puede verse ORTELLS RAMOS,
M., “Objeto, eficacia jurídica e impugnación del documento notarial. (reflexiones sobre el artículo 17 bis, apartado 2, de
la Ley del Notariado)”, en Revista crítica de Derecho Inmobiliario, Año LXXX, julio-agosto, Nº 684, 2004, págs. 1931-1946, y
recopilado en http://www.bubok.es/libros/187478/Estudios-de-Derecho-Procesal-Proceso-Civil-II-19992009
10 Este artículo de la LEC dispone lo siguiente: “Si, después de precluidas las posibilidades de alegación en juicio o con
posterioridad a la producción de un título ejecutivo extrajudicial, se produjesen hechos o actos, distintos de los admitidos
por esta Ley como causas de oposición a la ejecución, pero jurídicamente relevantes respecto de los derechos de la parte