Page 420 - Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil

REVISTA DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO
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IV. CÓMO SE DEBE O ES MEJOR EJECUTAR. EN ESPECIAL, SOBRE LAS
INSEGURIDADES EN LA REGULACIÓN DE LOS MEDIOS EJECUTIVOS DE
COERCIÓN INDIRECTA

Una respuesta sintética a esta gran cuestión podría ser ésta: deben establecerse los medios o instrumentos
ejecutivos idóneos para que el deber de prestación que consta en el título sea cumplido forzosamente de una
manera eficiente.
La doble exigencia, priorizada por este orden, de que el deber de prestación, exactamente el mismo y
todo él, sea llevado a la práctica, y de que el modo de hacerlo sea eficiente, debe orientar el diseño de los
medios ejecutivos.
Tradicionalmente, la ejecución por medios de subrogación satisface esa doble exigencia respecto de buena
parte de las prestaciones, al menos en términos generales.
No obstante, en algunos ordenamientos, una clase de prestaciones de hacer –las de hacer infungible o
personalísimo- y las prestaciones de abstención adolecen, o adolecían, de medios idóneos, precisamente desde
la perspectiva de la exigencia prioritaria –es decir, de su idoneidad para garantizar el cumplimiento exacto
del deber de prestación-. Esto nos conduce a la reflexión sobre los medios ejecutivos de coerción indirecta, a
la dedicaremos atención preferente en este apartado.

1. La mejora de la eficiencia de los instrumentos ejecutivos para la ejecución por
prestaciones dinerarias
La ejecución por prestaciones dinerarias es, estadísticamente, la más frecuente en el proceso civil. Como ya
apunté, los instrumentos o medios ejecutivos propios de una ejecución por medios de subrogación (embargo,
realización forzosa y pago) satisfacen, en términos generales, la exigencia de eficiencia, en cuanto el objetivo
perseguido por la actividad ejecutiva puede ser conseguido sin depender de la colaboración del ejecutado.
No obstante, la eficiencia continúa proyectando sus requerimientos sobre la compleja ordenación de la
serie de actos en los que se sustancian los medios de subrogación. Y en esto queda mucho camino por recorrer,
del que me limitaré a mencionar los hitos más sobresalientes:
1º) Respecto del acto básico, que, sin duda, es el embargo, el perfeccionamiento de los medios para con-
seguir la imprescindible transparencia patrimonial del ejecutado.
Es importante establecer medios para forzar la colaboración del ejecutado para la manifestación de su
patrimonio. También aquí pueden jugar un papel los medios ejecutivos de coerción indirecta, aunque, en mi
opinión, no cabe esperar mucho de las multas coercitivas, dado que, si el problema es el desconocimiento
de activos patrimoniales del ejecutado, poco ayuda la incorporación de un medio cuya efectividad requiere,
precisamente, que sea conocido –y suficiente- el patrimonio del ejecutado.
Estimo más útil mejorar los instrumentos para obtener la colaboración de terceros para el descubrimiento
del patrimonio del ejecutado. En la raíz de esta cuestión, nos encontraremos con la necesidad de acotar el
ámbito del derecho a la intimidad en lo referido a la situación patrimonial. Parece absurdo que quien volun-
tariamente, con su actividad contractual, participa en un ámbito público como es el mercado, o que quien,
por la negligencia de su conducta, causa daños a los bienes personales y patrimoniales ajenos, pueda invocar
–o sea tolerable que se invoque en su favor- el derecho a la intimidad para eludir o dificultar que sea efectiva
la responsabilidad por su conducta.
2º) La mejora de la eficiencia de la actividad de realización forzosa debe tener como objetivo evitar o
reducir la tendencia frecuente a la depreciación de los bienes embargados al entrar en el procedimiento de
realización. Hay que reflexionar sobre los medios alternativos a la muy tradicional subasta judicial, e incluso
sobre el punto en el que la eficiencia impone prescindir de la actividad de realización forzosa sobre determi-
nados bienes, porque ésta no compensa los costes de transacción.
3º) También el régimen de la actividad de pago merece reflexión desde la perspectiva de la eficiencia. ¿Es
más eficiente un sistema de preferencia de cobro del primer ejecutante, eventualmente contrarrestado por
una (o por varias) tercerías de mejor derecho, o un sistema, más colectivizado, de concurso de acreedores en
el proceso de ejecución singular?

revisión” que, contra ese decreto, la LEC prevé expresamente en el art. 570 LEC para presentar ante el juez impugnaciones
contra resoluciones del secretario judicial, no inmediatamente admisibles al cometerse la infracción.