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TRATA DE PERSONAS Y EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES DURANTE EL AÑO 2016

Respecto a las víctimas de trata, ninguna de las identificadas por las autoridades gubernamentales fueron
detenidas, multadas o encarceladas, debido a que esto se contrapone a las acciones de asistencia y protección que facilita
el Estado.

J. ASISTENCIA A LAS VICTIMAS EN LAS INVESTIGACIONES Y ENJUICIAMIENTOS:

La ayuda que brindó el gobierno a las víctimas adultas y menores de edad en el proceso de las investigaciones
y enjuiciamientos se encuentran descritos en la sección de servicios. A todas se les ofreció la ayuda, sin embargo, sólo en
el caso Casa Blanca veintidós (22) víctimas decidieron querellarse de manera formal.

Ninguna víctima es retenida, en caso de que su vida peligre el Gobierno crea las condiciones necesarias para
salvaguardar su seguridad durante el proceso judicial, en caso contrario, esta tiene toda libertad de obtener un empleo
y desplazarse libremente en el país o salir del mismo aunque esté pendiente el proceso judicial. Cabe destacar, que
para su integración laboral y permanencia en territorio dominicano se toma en cuenta su status migratorio, y en caso de
que requiera regularizarse, se realizan las gestiones pertinentes para que esto se logre, como medida de protección por
parte del Estado.

Asimismo, se informa que se aplicó el anticipo de prueba, el cual consiste en una declaración de la víctima por
escrito o videos para proporcionar su testimonio. Se mantuvieron las identidades de las víctimas confidenciales como
parte de los procedimientos, debido a que la modalidad que emplea el Gobierno es el uso de siglas de los nombres de
las víctimas y sus direcciones al momento de judicializar los casos.

Durante el año 2016 el Gobierno incorporó centros de circuito cerrado de televisión a los ya existentes, en
los cuales las víctimas ofrecieron sus testimonios una única vez, sin ser revictimizadas o traumatizadas durante el
proceso judicial. Actualmente, el Gobierno cuenta con los centros del Distrito Nacional, Monte Plata, San Cristóbal,
Santiago de los Caballeros, Samaná y Puerto Plata. La aplicación de esta modalidad ha permitido al Estado reforzar las
investigaciones y obtener castigo en contra de los tratantes.

Adicionalmente, como medida de confidencialidad el gobierno cuenta con una línea gratuita para que las
víctimas puedan hacer llamadas en caso de que se sientan amenazadas o en peligro durante el proceso.

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