Page 146 - El Crecimiento Sostenible en RD

Políticas de competitividad C A P Í T U LO 7 ciaciones empresariales privadas, como co?nancia-
miento de los proyectos. Está administrado por una
?rma privada, elegida mediante licitación, según las
condicionalidades del préstamo que le dio origen. Es
responsable de la gestión económico-?nanciera del
CNC y de la evaluación de la viabilidad técnica y eco-
nómica de los proyectos. Todos los proyectos ?nancia-
dos por medio de este instrumento deben cumplir con
los criterios de selección y la aprobación del CNC y del
Administrador del Fondec. Entre septiembre de 2004 y
diciembre de 2007, el Fondec ?nanció 68 proyectos por
un monto total de ?nanciamiento de US$9,4 millones.
El CNC, con el apoyo ?nanciero de un instrumento como
el Fondec, constituye un instrumento apropiado y po-
tencialmente e?caz para combatir lo que en el capítulo
2 se denominó el “síndrome de la competitividad decli-
nante” (véase también Fanelli y Guzmán, 2008). La Re-
pública Dominicana está en la disyuntiva de identi?car
y darle impulso a nuevos sectores que sean competiti-
vos internacionalmente. El CNC es un buen foro para el
diálogo entre sectores nuevos que se organizan espon-
táneamente, con un fuerte liderazgo y las autoridades
públicas con el ?n de que estas últimas los apoyen en
el suministro de bienes públicos indispensables para
todos los actores del sector. Y el Fondec, dada su ope-
ratoria, parece ser un instrumento bien diseñado para
?nanciar estas actividades. Por el momento, los mon-
tos de ?nanciamiento parecen apropiados. En la me-
dida que vayan surgiendo nuevos demandantes y que
los clusters registrados con el CNC vayan creciendo en
volúmenes de negocios y exportaciones, es muy proba-
ble que los recursos del Fondec se tornen insu?cientes.
Sería importante coordinar las actividades del CNC y
el Fondec con las de capacitación a cargo de Infotep.
Indudablemente, la capacitación en destrezas especí?-
cas a un sector es uno de los bienes públicos sectoria-
les que solo puede proporcionar en escalas adecuadas
un ente público, ya sea gubernamental o gremial.
7.5.2.5 Proindustria
En noviembre de 2007 se aprobó la transformación de
la Corporación de Fomento Industrial (CFI) en el Centro
de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria), No está claro si las decisiones de Proindustria debe-
institución que ya comenzó a funcionar como entidad
pública, con autonomía funcional y patrimonio propio.
136 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana
La Ley de Competitividad e Innovación Industrial le
asigna una serie de funciones a Proindustria, entre
las que se encuentran:
a. la concesión de préstamos;
b. el establecimiento de un fondo de garantías para
préstamos a pequeñas y medianas empresas;
c. la exoneración del cobro del ITBIS a los insumos
industriales y maquinaria a empresas bene?ciarias
registradas con Proindustria;
d. la promoción de parques industriales mediante
exoneraciones de impuestos de diversos tipos;
e. la exoneración del pago de impuestos sobre la ener-
gía para los parques industriales promovidos por la
entidad y para las empresas ubicadas en ellos.
Al revisar el marco conceptual, se puede ver que se trata
de intervenciones de mercados, algunas HM y otras VM.
Una preocupación que surge es la siguiente: ni la Ley ni
el Plan Nacional de Competitividad hacen referencia a
algun trabajo de análisis de estas intervenciones. Por lo
tanto, no queda claro dónde están las externalidades o
fallas de mercados que justi?can estas intervenciones.
Al no estar esto de?nido, no queda claro que se estén
empleando los instrumentos adecuados. Finalmente,
quedan muchas dudas sobre la implantación. Por ejem-
plo, las exoneraciones de impuestos (o los subsidios)
que le faculta la ley a Proindustria deben ser utiliza-
das con mucha prudencia. No siempre incentivan a las
actividades que se busca estimular, suelen ser difíciles
de eliminar una vez que ya no son necesarias, la jus-
ti?cación para ellas debe ser claramente alguna falla
de mercado, y es necesario tomar en cuenta su costo
?scal. Artana (2007) estima que el sacri?cio tributario
implícito en las exoneraciones incluidas en el Plan Na-
cional de Competitividad Sistémica equivale a aproxi-
madamente medio punto del PIB.
Habrá que aclarar los alcances de las atribuciones de
Proindustria en estas dos dimensiones, si no se quie-
re incurrir en un aumento sustancial de los gastos
tributarios y de las deudas contingentes del Estado.
rán tener el visto bueno de la Secretaría de Estado
de Hacienda (SEH) —dadas las implicaciones ?scales
de algunas de sus atribuciones, como la de otorgar
incentivos tributarios— o cuál será la relación que