Page 362 - El Crecimiento Sostenible en RD

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 administración pública constituye el complemento ción entre las funciones jurisdiccionales y las de
indispensable para este esfuerzo29. administración de justicia, de modo que se refuer-
9. Nuevas tecnologías al servicio de la transpa- ce también la independencia vertical de los tribu-
rencia. En consonancia con todo lo manifestado nales. Las propuestas de reforma del Consejo de la
anteriormente, la introducción de mecanismos de Magistratura, los criterios de constitución de la Su-
Gobierno Electrónico y nuevas tecnologías de ges- prema Corte de Justicia y el encuadre institucional
tión debería ser el soporte para la automatización del Ministerio Público merecerían ser analizados
y transparencia de todos los procesos que habrán en el mismo sentido.
de implementarse, constituyendo un medio que 11. Participación ciudadana vigorosa. Durante la
impida la arbitrariedad y favorezca un más fácil elaboración del presente capítulo, no fue casual
control, auditoría y participación, tanto por parte advertir una frecuente apelación a la “fatiga” que
de los funcionarios públicos como por parte de varias instituciones de la sociedad civil dominica-
ONG especializadas y la ciudadanía en general. na reconocen estar experimentando en lo que res-
10. La ventana de oportunidad para una segunda pecta a la prédica que vienen manteniendo para
reforma judicial. En el ámbito del Poder Judicial, fomentar la transparencia y los pocos resultados
existe la posibilidad de reforzar algunos vectores tangibles que se advierten, principalmente en lo
que podrían constituir una segunda generación que atañe a la percepción de la opinión pública so-
de reformas en el sector, habida cuenta de los bre el estado del problema en el país. Ello también
resultados y lecciones aprendidas con el proceso indica la necesidad de reorientar la agenda de la
iniciado en 1994. Entre los objetivos más relevan- sociedad civil para que no se concentre exclusi-
tes destacan los siguientes: la despolitización y vamente en el apoyo a la producción de material
consiguiente profesionalización de las ?guras más legislativo, sino más bien en focalizar iniciativas
relevantes para la administración de justicia; el tendientes a exigir el cumplimiento de las leyes ya
establecimiento de carreras judiciales y del Minis- en vigencia, sea a través de peticiones administra-
terio Público que refuercen su independencia del tivas o, en el caso de que estas no sean positivas,
Poder Ejecutivo; la administración imparcial del peticionando el cumplimiento de las nuevas nor-
proceso de evaluación de funciones, rendición de mas a través de la vía judicial30.
cuentas y sanciones disciplinarias; la clara separa-

29 En consonancia con los puntos 1 y 2 antes mencionados, se sugiere articular de modo prioritario la aplicación de esta ley en
pos de fortalecer las cinco instituciones y las cinco leyes ponderadas como nodales para todo el proceso pro transparencia
(por ejemplo, impulsando certi?caciones para técnicos de compras y contrataciones o instituyendo un cuerpo de alta ge-
rencia pública para liderar el proceso de profesionalización administrativa al máximo nivel del Estado dominicano). Otras
acciones consideradas claves son: (i) declarar de interés nacional la realización del Censo de Servidores Públicos como base
para la implementación del Subsistema de Plani?cación de Recursos Humanos; (ii) rede?nir el Subsistema de Clasi?cación
y Valoración de Cargos que considere las competencias y resultados como base para diseñar un sistema de remuneracio-
nes justo, racional y equitativo, articulado con los demás subsistemas de gestión y proponer un Proyecto de Decreto para
establecer o?cialmente las competencias; (iii) simpli?car el procedimiento de incorporación de los empleados actuales con
más de 10 años en servicio que cali?quen para el ingreso a la carrera, por considerar que este segmento de funcionarios, en
principio, es meritorio y para avanzar en la meta de incorporación de los ocho años establecidos en la Ley. A estos ?nes se po-
drían suscribir acuerdos con universidades y centros docentes para agilizar el proceso de certi?cación de las competencias;
(iv) desarrollar políticas traducidas en planes de formación basados en per?les de competencias técnicas y de conducta de
los cargos contenidos en la clasi?cación, previo a la realización de diagnósticos de necesidades formativas, dando prioridad
al personal incorporado a la carrera administrativa; (v) elaborar los reglamentos de las carreras administrativas especiales
del sector ?nanciero del Estado, a ?n de consolidar las reformas en proceso a través de la profesionalización de los funcio-
narios y empleados de las instituciones responsables de llevarla a cabo; (vi) promover la creación y el fortalecimiento de las
Organizaciones de Servidores Públicos para que asuman la recomendación de las Mesas de Consenso, en el sentido de formar
un movimiento en defensa de su estabilidad basada en el mérito; (vii) fortalecer el Régimen Ético y Disciplinario establecido
en la Ley de Función Pública.

30 El reciente caso de la aplicación de la Ley de acceso público a la información para dar a conocer los gastos realizados en
el proceso relativo a la construcción del metro de Santo Domingo (que motivó un pronunciamiento de la Corte Suprema de
Justicia) resulta paradigmático y positivo. La constitución de Observatorios para monitorear el cumplimiento de leyes claves

352 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana