Page 357 - El Crecimiento Sostenible en RD

dicial (compuesto también por jueces y académicos) so, ocultamiento de bienes provenientes del cohecho Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
con funciones de administración de la carrera judicial, pasivo tipi?cado en el Código Penal, y disposiciones
selección de magistrados, control disciplinario, admi- legales que tipi?quen la comisión del cohecho pasivo,
nistración ?nanciera y presupuestaria, y ejecución de así como disposiciones que tipi?quen la asociación
instrumentos de evaluación de la propia carrera. Con para cometer delitos de corrupción (OEA, 2007).
el objetivo de generar incentivos dentro de la propia
carrera judicial, se ha planteado lo que podría ser una 17.4.6 La extensión y consolidación de la
plausible conformación mixta de la Corte Suprema de transparencia a nivel del Gobierno
Justicia, en parte integrada por jueces de carrera y en central y de los gobiernos municipales
parte integrada por juristas en ejercicio o del mundo
académico (Finjus, 2007a). Con la creación de la Comisión Nacional de Ética y Com-
bate a la Corrupción (CNECC) en 2005, el Gobierno tuvo
En el ámbito del Ministerio Público, también surge la un importante logro que permitió generar un espacio
valiosa oportunidad de consolidar la carrera adminis- de articulación de los diferentes actores públicos,
trativa con rango constitucional, habida cuenta de privados e importantes OSC. Esto dio como resultado
las debilidades constitutivas de la propia ?gura del la elaboración del Plan Nacional de Ética, Prevención
Procurador General20, que depende orgánicamente y y Sanción de la Corrupción, como una importante
en la práctica del Poder Ejecutivo y, por tanto, tiene herramienta en la erradicación de la impunidad y el
debilitada su independencia (Olivo de Pichardo, 2002). clientelismo, y para la promoción del fortalecimiento
Frente a esta situación se debería reforzar un esque- institucional. Sin embargo, han surgido algunos cues-
ma de garantías para el respeto de la carrera de los tionamientos acerca de la operatividad de la CNECC
demás integrantes del Ministerio Público, de modo y de las delimitaciones de sus atribuciones (FINJUS,
que los ?scales de rango inferior ingresen por estric- 2006b). La opinión pública no tiene en claro si su
to concurso21. Adicionalmente, no deberían ser remo- función es la de investigadora o la de orientadora de
vidos de sus funciones arbitrariamente por el Poder políticas estratégicas. Así pues, la CNECC enfrenta el
Ejecutivo de turno (PNUD, 2008). desafío de focalizar con mayor precisión su agenda,
de acuerdo con las nuevas prioridades de la actual
Con respecto a la legislación de fondo para la sanción administración y, en función de ello, desempeñar un
de la corrupción administrativa, existen recomen- papel más activo en el monitoreo, seguimiento y de-
daciones formuladas por el Comité Evaluador de los nuncia del cumplimiento de los planes y programas
Mecanismos de Seguimiento de la Convención Intera- del Gobierno. Su papel de coordinación interinstitu-
mericana contra la corrupción (CICC), particularmen- cional es crucial en tal sentido, para lo cual requerirá
te sobre dos aspectos: i) hace falta un sistema para fortalecer su personal, incluyendo especialidades en
proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos par- diversas áreas, factor clave para una lucha efectiva
ticulares que denuncien de buena fe actos de corrup- contra la corrupción. Asimismo, cabe resaltar que se
ción; y ii) se requiere la tipi?cación como delitos de las requiere de una independencia real para garantizar el
?guras del soborno pasivo, soborno activo, disposicio- éxito en sus funciones, tal como se verá en la siguien-
nes penales que tipi?quen el aprovechamiento dolo- te sección.

20 En el marco de las consultas solicitadas a la sociedad civil, se han acercado iniciativas relativas a la ?gura del Procurador
General de la República. Se ha propuesto que su elección la realice el Senado, a partir de una terna que le someta el Poder
Ejecutivo, y que su mandato sea inamovible por cuatro años (FINJUS, 2007).

21 Aunque la creación de la Escuela del Ministerio Público representa un importante esfuerzo para generar institucionalidad, no
deja de ser preocupante que, a más de cuatro años de establecerse la ley que la instituye, solo se haya convocado un concurso
público para la designación de la primera y única promoción de ?scales de carrera con que cuenta el país. En el año 2005,
se seleccionaron, mediante concurso de oposición y méritos, a 100 ?scalizadores que, antes de desempeñar sus funciones,
pasaron un intenso proceso de capacitación en la Escuela del Ministerio Público. El resto de los más de 700 ?scales que hay
en el país son funcionarios designados mediante el tradicional mecanismo de decreto presidencial, en función de la ?liación
partidaria (PNUD, 2008).

PARTE 6 ? El marco institucional 347