Page 674 - Pleno Jurisdiccional Nacional Civil y Procesal Civil

Iván Hunter Ampuero

poder discutir los aspectos jurídicos de la controversia, es decir, aun cuando se pueda
argumentar que no hay modificación de la pretensión, sí hay una afectación al derecho
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de defensa. Es este además uno de los fundamentos que resalta la doctrina frente al
efecto de la litispendencia. En tercer lugar, de seguirse una interpretación que
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admitiera la posibilidad de que el actor altere la calificación jurídica efectuada en la
demanda, más convendría al demandado silenciar la verdadera o real calificación de
los hechos, que hacerla valer como motivo de rechazo de la pretensión. Esto es, el
demandado, sino quiere que el actor enmiende el rumbo jurídico de su demanda, le
conviene guardar silencio y no defenderse con aquella errada calificación.
Luego, la conjugación de estas dos normas del PCPC y la consagración de la
prohibición de la mutatio libelli, que tiene por objeto, siguiendo a Castillejo Manzanares,
imponer a las partes la preclusión en alegaciones de manera que el objeto del proceso
y los términos del debate queden definidos lo antes posible, de manera que si no
hacen valer las alegaciones dentro de las etapas previstas por el legislador, se extingue
el derecho de hacerlas valer con posterioridad. La prohibición de mutatio libelli
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constituye la regla, y en el sistema español si bien se contemplan excepciones (más
bien matizaciones) siempre está el expreso límite de no alterar el cambio en la causa
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de pedir. En todo caso, se trata de una cuestión de estricta oportunidad legislativa,
de la opción de dotar a un proceso de espacios de preclusión más o menos rígidos.
Cabe precisar que en relación al símil español, el PCPC sólo faculta a las partes a
aclarar los contenidos oscuros o dudosos y no para efectuar complementaciones a las
alegaciones de las partes. Esto significa que se trata de un poder más reducido y se
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91 Incluso podrían darse situaciones donde el cambio de calificación jurídica pueda significar prueba de
otros hechos, en principios irrelevantes y respecto de las cuales las partes no han ofrecido prueba. O
sea, esta temática es mucho más amplia y significativa que la privación de las alegaciones necesarias
para controvertir las de la contraparte o del juez.
92 Resulta particularmente interesante lo expuesto por Málaga, quien recociendo la relatividad de la ficción
de inmutabilidad que siempre ha supuesto la litispendencia, afirma que es indudable que se quiebra la
litispendencia si existe una modificación del objeto litigioso que produjese indefensión a alguna de las
partes, puesto que ésta se vería penalizada por un hecho posterior a la litispendencia que habría
comprometido la eficacia del juicio en lo que en dicha parte se refiere. No obstante, bastaría garantizar una
contradicción o posibilidad de defensa para desaterrar toda apreciación de quiebre de la litispendencia.
En simples palabras, esta institución se proyecta en la garantía del contradictorio y la defensa. Cfr. Málaga
Diéguez, Francisco, 1999. La litispendencia. Bosch Editor, Barcelona, pp. 48 y siguientes.
93 Cfr. Castillejo Manzanares, Raquel, “Hechos nuevos”, cit. nota n. 89, pp. 59 y 60.
94 Para una extensa y completa revisión de la preclusión procesal y la variación de la calificación jurídica
efectuada en la demanda puede verse: Vallines García, Enrique: “La preclusión”, cit. nota n. 40, pp. 210
y siguientes.
95 Es el Art. 426.1 y 2 de la LEC 1/2000, el que confieren a las partes el poder de efectuar, en la audiencia
previa, las complementaciones y aclaraciones necesarias en relación a sus alegaciones iniciales.

152 REVISTA IUS ET PRAXIS - AÑO 15 - N° 2