Page 107 - El Crecimiento Sostenible en RD
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Este análisis sugiere que, en lo que concierne al ?nan- A su vez, a pesar de los escasos recursos destinados a Calidad del gasto público C A P Í T U LO 5
ciamiento, los objetivos propuestos en materia edu- esta ?nalidad, en principio no se detecta que el clima
cativa parecen demasiado ambiciosos. A su vez, OCDE de seguridad y justicia del país constituya —al menos
(2008) advierte que, si bien apoya fuertemente las en el contexto regional— un obstáculo en las decisio-
iniciativas enunciadas en el documento de los ODM, nes de inversión de las empresas. Así, según Kauff-
se plantea serias dudas acerca de la capacidad de su man et al. (2007), los resultados del indicador rule of
implementación por parte del Gobierno dominicano. law, que apunta a medir diversos aspectos vinculados
precisamente con estas cuestiones, ubican a la Repú-
5.7 El gasto público en Justicia y blica Dominicana en el séptimo lugar entre 18 países
Orden Público latinoamericanos, muy cerca de México y de Brasil.
Con otro tipo de abordaje, el Banco Mundial elabora
El gasto público en Justicia y Orden Público observó anualmente un conjunto de indicadores que aproxi-
un aumento signi?cativo en la segunda mitad de la man los diversos factores que se estima in?uyen en
década de los noventa, pasando de 0,3% a 0,7% del el grado de facilidad o di?cultad de hacer negocios en
PIB. Con altibajos desde entonces, ha alcanzado un un número amplio de economías. Los últimos resulta-
récord de 0,8% del PIB en 2007, nivel que —con algo dos publicados (Banco Mundial, 2008) muestran que
más de US$320 millones presupuestados para 2008— la República Dominicana se ubica en el octogésimo
se prevé mantener. segundo puesto de un total de 178 países en lo que
respecta al indicador de e?ciencia judicial, mientras
Dentro del agregado de esta función se incluyen dos que en términos del indicador agregado de facili-
actividades diferenciadas: por un lado, Administración dad para hacer negocios, ocupa una posición menos
de Justicia, y por el otro, Seguridad y Orden Público, favorable: el nonagésimo noveno lugar. A su vez, la
destinándose a cada una de ellas cerca de la mitad de comparación con países latinoamericanos re?eja que
los recursos. Desde 2004, el presupuesto para Admi- la situación dominicana en materia judicial es mejor
nistración de Justicia se estableció como una alícuota que la media en lo que concierne a procedimientos y
?ja de 4,1% de los ingresos internos, excluyendo los tiempo involucrado, aunque resulta un sistema más
ingresos de asignación especí?ca ya establecidos, y oneroso.
los recursos externos de préstamos y donaciones. Del
total asignado, el 65% corresponde al Poder Judicial, En síntesis, los distintos indicadores disponibles su-
y el restante 35%, al Ministerio Público. gieren que la Justicia y el Orden Público no parecen
constituir obstáculos en el clima de negocios de la
La comparación internacional con países de Latino- República Dominicana de mayor importancia que en
américa para los que se ha obtenido información, otros países de la región. Sin embargo, la relevancia
muestra que el gasto en Justicia y Orden Público re- del tema y la falta de contundencia de los resultados
sulta uno de los más bajos en términos de PIB, pero recomiendan un análisis más profundo.
que esta condición responde a lo reducido que es el
tamaño del sector público dominicano en el contexto 5.8 Gastos tributarios y otros
regional. De hecho, en relación con el gasto público, incentivos ?scales y sectoriales
la participación de esta ?nalidad se ubica en el pro-
medio de los países considerados. Debe señalarse, sin Los gastos tributarios (GT) son las transferencias que
embargo, que los datos corresponden en todos los ca- el Estado realiza a determinados grupos o sectores
sos al nivel central de gobierno, por lo que los gastos por medio de una reducción en la obligación tributa-
consolidados en estas funciones pueden ser sustan- ria del contribuyente. En consonancia con las prác-
cialmente mayores en aquellos países de organización ticas internacionales más modernas, el Gobierno de
federal, en los que las jurisdicciones locales adminis- la República Dominicana acordó con el FMI incluir, a
tran también su propia justicia y fuerzas de seguridad. partir del año 2008, una estimación de los GT anexada
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