Page 332 - El Crecimiento Sostenible en RD

Proceso de formulación de políticas públicas C A P Í T U LO 1 6 Y el candidato del PRSC Aristy Castro se valió de su
control sobre la Liga Municipal Dominicana (LMD) para
propagar el clientelismo en un intento que, de acuer-
do con Mitchell (2008), trajo a la mente imágenes de
Balaguer, hasta que el Congreso controlado por el PLD
promulgó una Ley Municipal concebida para privarlo
de su base de apoyo.
La iniciativa de desarticular la maquinaria política de
Aristy Castro ilustra los riesgos del empeño de com-
batir el legado del sistema patrimonial y, por ende,
amerita un comentario adicional. Históricamente, la
presidencia de la LMD ha sido una fuente doblemente
deseable de clientelismo —es decir, que administra
todos los contratos municipales y controla por sí sola
un presupuesto considerable— y, por eso, los gobier-
nos de Fernández y Mejía le dieron el cargo a Aristy
Castro con la idea de consolidar sus respectivas alian-
zas con el Partido Reformista a ?nales de la década de
los noventa y comienzos de la presente década (Mars-
teintredet, 2004). Sin embargo, el tamaño y la impor-
tancia de la LMD han venido aumentando a lo largo
del proceso de descentralización política del país
y ya para 2007 Aristy Castro era visto menos como
un aliado que como una amenaza para la inminente
campaña de reelección de Fernández11. Por lo tanto,
los legisladores del PLD promulgaron una ley (Ley Nº
176) que de hecho convirtió a la LMD en un órgano de
asesoría y plani?cación sin recursos presupuestarios
de consideración (PNUD, 2008), con lo que despojaron
de recursos al principal candidato presidencial del
PRSC (Rodríguez, 2007).
No se trata simplemente de que los partidarios del
clientelismo hayan sobrevivido, sino que han sabido
aprovecharse del proceso de reforma en maneras to-
talmente insospechadas. Tómense, por ejemplo, las
varias reformas administrativas concebidas para dar
la estabilidad laboral y autonomía a los empleados
públicos (Montero, 2003; Ventura Camejo, 2005). No
solo se han puesto en práctica, en forma lenta y a
veces dando marcha atrás (Scheker Ortiz, 2005; De-
Lancer, 2004; Collado, 2005), sino que los políticos les El problema propiamente dicho no reside en que se
11 Por ejemplo, la Ley Nº 17-97 incrementó el subsidio nacional a los municipios a 4% del presupuesto nacional, la Ley Nº 166-03
aumentó el subsidio a 10% del presupuesto nacional y a causa de ello los ingresos de la LMD se multiplicaron por un factor de
21 en términos reales (PNUD, 2008).
322 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana
han sacado partido asegurándose de que las pruebas
de concurso previstas por la ley no sean ni rigurosas
ni transparentes (Comisión de la Sociedad Civil, 2007)
y que las decisiones de admisión se tomen más según
criterios políticos que según los méritos del individuo
(Iacoviello y Zuvanic, 2005). Irónicamente, la carrera
administrativa se emplea entonces para impedir que
los partidarios de los políticos o?cialistas sean des-
pedidos por contendores victoriosos en los comicios.
Aunque las organizaciones de la sociedad civil se dan
cuenta del problema y esperan que la nueva ley de
administración pública arroje mejores resultados, a
duras penas se muestran optimistas en cuanto a sus
perspectivas. “No quiero que esta Ley (41-08) tome el
mismo destino de la anterior, que nadie la respetó”,
declaró Francisco Checo de Participación Ciudadana
(Checo citado por Peralta, 2008).
Ese simple pero quizá fútil deseo de Checo subraya
un dilema fundamental que compromete todo el PFP
dominicano. Por un lado, el mayor problema del país
es el desdén generalizado hacia el Estado de Derecho.
El dolo y la corrupción no solo constituyen un peligro
para las inversiones, el crecimiento y la legitimidad,
sino que además son impedimentos para la reforma,
porque no hay nada que haga pensar a los legisla-
dores con ánimo reformador que los burócratas, los
tribunales y los funcionarios policiales vayan a ha-
cer cumplir las leyes que promulguen. Por otro lado,
la única arma de que dispone el gobierno es la ley
misma, y los legisladores dominicanos —igual que los
de otros países en desarrollo— deben, por tanto, dar
respuesta a la pregunta de cómo usar la ley para lu-
char contra el desgobierno, es decir, cómo crear una
“tecnología de aplicación” (Spiller y Tommasi, 2003).
Sin embargo, de poco sirven las tecnologías de apli-
cación si las leyes mismas son inestables debido a
que los políticos interesados que no pueden contra-
venirlas a menudo consiguen modi?carlas o hacerlas
anular. Tómense, por ejemplo, las restricciones con-
tra la reelección en vigor en la República Dominicana.