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RECUADRO 17.1 ? ECONOMÍA POLÍTICA DE LA REFORMA DEL SERVICIO CIVIL EN LA REPÚBLICA Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7
DOMINICANA

Una burocracia autónoma y profesional es un componente indispensable del aparato de aplicación de las leyes y un
baluarte contra el clientelismo, el fraude y la corrupción (Evans y Rauch, 1999). Desde 1821, distintos gobiernos han
intentado profesionalizar el servicio civil. A pesar de los esfuerzos, sobre todo en los últimos años, la cifra de servi-
dores incorporados al sistema de carrera (33.562) supone solo un 10% del total del empleo público. Además, según la
encuesta del INAP (2008), el 70% de los empleados públicos ingresa por recomendación o por in?uencia política sin
agotar ningún proceso técnico de selección el acceso de empleados a la Administración.

El mes de enero de 2008, se aprobó la nueva Ley de Función Pública Nº 41-08, una de las más modernas de la región,
que intenta una vez más conseguir la elusiva profesionalización del funcionariado público. La nueva Ley de Función
Pública establece un plazo de ocho años para la incorporación del total de los servidores. De seguir el ritmo actual de
incorporaciones, hará falta 100 años para implementar la profesionalización del servicio civil.

Tal y como se argumenta en el capítulo anterior, la República Dominicana está atrapada en un círculo político vicioso.
Ante la presencia de un sistema político en desarrollo (es decir, la ausencia de partidos políticos programáticos), una
administración pública permeable tienta a los partidos políticos a que repartan bene?cios (como empleos, contratos
y obras) a cambio de votos. Por ello, los partidos políticos tienden a defender la permeabilidad de la administración
pública cuando están en el poder y a criticarla cuando están en la oposición. En este contexto, lo más probable es que
la reforma del servicio civil se realice de manera gradual. Las medidas dirigidas a fortalecer el carácter programático
de los partidos políticos, y el fortalecimiento de la economía real y de la productividad de los trabajadores ayudarían
a reducir los incentivos que propician la permeabilidad del servicio civil, y facilitarían el proceso de profesionaliza-
ción de dicho servicio. Asimismo, sería recomendable promover la coordinación en el tiempo entre los actores políti-
cos, mediante el diseño e implementación de una estrategia incremental consensuada de implementación de la Ley
de Función Pública que prevea incentivos a gobiernos y la oposición para respetar los acuerdos logrados.

más adelante en esta sección) denota la necesidad de censo por mérito en el empleo del Estado. El Gobierno
establecer un ?ujograma preciso de responsabilidades, se ha propuesto que para 2012, 50% de los empleados
complementariedades, sinergias y coordinación entre públicos sea de carrera, lo cual requerirá de una signi?-
las instancias mencionadas. Dicho ?ujograma deberá cativa gestión y del fortalecimiento del órgano rector a
determinar el criterio de selección de las auditorías, los cargo de implementar esta ley, vale decir, la Secretaría
estándares mínimos de calidad, el destino posterior de de Estado de la Administración Pública (SEAP), antes
sus observaciones, las consecuencias sancionatorias O?cina Nacional de Administración de Personal (ONAP).
de sus informes (a partir de investigaciones posterio-
res que disparen) y una clara división del trabajo entre Una mirada más profunda a los ocho subsistemas del
los aspectos relativos a la mayor e?cacia administrati- sistema de administración de recursos humanos, de
va y aquellos otros que con?guran los delitos penales, conformidad con la metodología desarrollada por el
susceptibles de ser sancionados por la justicia. BID (Longo, 2002) re?eja un incremento en algunos
de los subsistemas de los valores de los índices en
17.4.3 La profesionalización de la función relación con el año 2002 y 2005 (véase el Cuadro 17.1),
pública lo que muestra que el servicio civil dominicano está
realizando esfuerzos para su consolidación, si bien el
Con la nueva Ley sobre la Función Pública (Ley Nº 41- país se encuentra en niveles medio y medio-bajo en
08), se espera mejorar la carrera de los funcionarios comparación con el resto de la región latinoamerica-
públicos así como el acceso, la permanencia y el as- na (Iacoviello y Zuvanic, 2006).16

16 Este incremento parece contradecir los resultados que arrojan los indicadores del Banco Mundial (World Bank Governance In-
dicators, WBGI). Sin embargo, no tiene por qué haber contradicción. Los WBGI agregan básicamente indicadores de percepción

PARTE 6 ? El marco institucional 343