Page 356 - El Crecimiento Sostenible en RD

Transparencia y rendición de cuentas C A P Í T U L O 1 7 se menciona que son pocos los avances en las insti-
tuciones en materia de la implementación del marco
legal, también se reconoce el esfuerzo que está lle-
vando a cabo el Conare designado por la Comisión Na-
cional de Ética y Combate contra la Corrupción como
responsable de impulsar este pilar del Plan Nacional
de Ética, Combate y Sanción de la Corrupción. El in-
forme recomienda que: (i) se incremente el conoci-
miento de los funcionarios públicos y de la ciudadanía
acerca del derecho de acceso a la información; (ii) se
designe a los responsables de acceso a la información
pública, y se dé facilidades para que puedan cumplir
su función; (iii) se aplique un diseño único de las OAI;
(iv) se mejore la plataforma tecnológica y el conteni-
do de la información de las página web y (v) se avance
en la creación del órgano que se encargará de la co-
rrecta implementación de la ley. Asimismo, resultaría
importante complementar esta normativa con una ley
de habeas data (Participación Ciudadana, 2007c).
El Gobierno está preparando el proyecto de ley que
enviará al Congreso para la creación del órgano rector
que se ocupará de la Ley de acceso a la información, el
cual apoyará su seguimiento y cumplimiento. Asimis-
mo, reconoce la necesidad de llevar a cabo un cambio
de cultura y promover en mayor medida la rendición
de cuentas así como emplear recursos económicos
para el pleno funcionamiento operativo de las OAI.
Por otra parte, el Gobierno está apoyando la transparen-
cia y el acceso a la información a través de la iniciativa efectiva profesionalización de la carrera judicial, y
de Gobierno Electrónico. A través de la OPTIC, se está
invirtiendo en tecnologías de la información como un
medio de apertura, transparencia, rendición de cuentas
y promoción de la participación ciudadana. Hasta aho-
ra, solo se ha progresado en el contexto conceptual: se
han desarrollado portales electrónicos y la apertura a
servicios por medios electrónicos. No obstante, aún no
se tiene pleno acceso a la información pública en mate-
ria de presupuestos, nóminas, proyectos y licitaciones,
entre otros (Participación Ciudadana, 2005).
17.4.5 La independencia del Poder Judicial y
del Ministerio Público
La existencia de “leyes sin dientes” y de una exten-
dida impunidad en los diferentes estratos sociales
346 La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana
constituye uno de los principales temas que deberán
abordarse en lo que atañe al papel que desempeñan
el Poder Judicial y el Ministerio Público. Las expectati-
vas de los servidores públicos de ser sancionados por
la realización de un acto de corrupción son muy bajas
(Oviedo et al., 2007). No se cuenta con una plataforma
de datos estadísticos que puedan arrojar resultados
claros y objetivos en cuanto a sanciones por corrup-
ción. Los antecedentes del problema tienen un indicio
revelador cuando se analiza el período 1983–2003,
en el que se sometieron alrededor de 350 casos a la
justicia por comisión de delitos de corrupción, de los
cuales solo uno recibió condena y fue revocada un
año más tarde por indulto presidencial (OEA, 2007).
Tanto los tribunales ordinarios como el Ministerio Pú-
blico tienen en sus manos la importante tarea de san-
cionar los hechos de corrupción para desfavorecer la
extendida sensación de impunidad que se registra en
el país. En tal sentido, las modi?caciones políticas, de
gestión y de modernización de procesos y sistemas
parecen necesarias en el marco de una segunda ge-
neración de reformas, de tal manera que se puedan
capitalizar los avances que se han venido logrando
desde la reforma judicial de 1994.
El inicio de la independencia de los miembros del Po-
der Judicial y del Ministerio Público adquiere particu-
lar relevancia como punto de in?exión para la efectiva
sanción de actos de corrupción. Este inicio deberá
complementarse con otros eslabones esenciales: la
un sistema de inamovilidad que se complemente con
adecuados incentivos, evaluación de rendimiento y
mecanismos disciplinarios apropiados para sancionar
conductas ilegales. En ambos terrenos existe aún un
amplio camino por recorrer en el país.
Para reforzar la despartidización de la carrera judicial,
se ha propuesto rede?nir la estructura y las funciones
del Consejo Nacional de la Magistratura, incorporando
al Presidente del Colegio de Abogados y a represen-
tantes del mundo académico. Sus funciones estarían
acotadas a la elección y al control disciplinario de
los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Con
el propósito de consolidar la independencia vertical
al interior del propio Poder Judicial, se ha planteado
la creación de un órgano de Gobierno del Poder Ju-